Denis Moncada Colindares

El representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada Colindres, acusó al gobierno de Colombia de irrespetar la soberanía de nuestro país en el Mar Caribe.

“Nicaragua exige a Colombia que se respete su soberanía en el Mar Caribe y que se retiren las amenazantes fragatas colombianas, tal como se comprometió el presidente Uribe en ocasión de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, en República Dominicana”, expresó Moncada Colindres.

Agregó que Colombia debe sujetarse al derecho internacional, incluyendo la Carta de la OEA y la ONU, y no debe usar la fuerza con sus medios navales en el Mar Caribe nicaragüense.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya determinó, en diciembre pasado, que el meridiano 82 no es frontera entre Nicaragua y Colombia, decisión que el país sudamericano se niega a acatar.

“Nicaragua ha solicitado este punto de agenda para plantear estas justificadas preocupaciones sobre situaciones sensibles que afectan la soberanía y la defensa del Estado nicaragüense”, dijo el diplomático.

La actitud de Colombia ha provocado que “nuestros Estados se vean obligados a utilizar sus instituciones policiales, de seguridad y defensa y de disponer de los escasos recursos presupuestarios con los que contamos, para enfrentar el crimen internacional organizado proveniente de este narco-estado, que conjuntamente con otros Estados poderosos ha puesto en práctica el Plan Colombia, incidiendo agresivamente contra sus vecinos del sur y Centroamérica”.

Colombia crea inestabilidad en la región

Resaltó que “la mayoría de nuestros gobiernos aspiran a fortalecer su independencia, soberanía y autodeterminación. "Es justamente preocupante la existencia de un narco-estado que --además-- aplica el terrorismo de Estado y pone en peligro la estabilidad de los gobiernos independientes. Parte de la delincuencia organizada del narcotráfico colombiano está emigrando a otros países, incluyendo Centroamérica, lo que está creando una mayor inestabilidad”, destacó.

“No podemos pasar por alto otra manifestación de la política de terrorismo de Estado del gobierno de Colombia como lo fue la agresión de Ecuador, violando la integridad territorial y la soberanía de ese país. El primero de marzo se cometió un crimen contra la paz y la seguridad internacional. Violaron las Cartas de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y se pisotearon los principios rectores del derecho internacional”, reiteró.

Moncada Colindres señaló que esta agresión implica, a su vez, una responsabilidad internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Estos hechos fueron reconocidos públicamente por el presidente Uribe”, recordó.

“Esta agresión colombiana, típica agresión de terrorismo de Estado, fue apoyada con un bombardeo a territorio ecuatoriano, masacrando a 26 miembros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incluyendo al dirigente Raúl Reyes, y a un grupo de jóvenes investigadores universitarios, entre los cuales se encontraban estudiantes mexicanos, quienes después del bombardeo quedaron heridos y luego fueron rematados con tiros de gracia, violándose así las normas del Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”, insistió.

Nicaragua tiene tradición humanitaria

A dos jóvenes de nacionalidad colombiana, Martha Pérez Gutiérrez, Doris Torres Bojorge y una ciudadana mexicana, Lucía Andrea Morett Álvarez --víctimas de ese ataque--, Nicaragua les otorgó asilo y residencia.

“El derecho de asilo y refugio a todas las personas perseguidas por cuestiones políticas es sagrado y el otorgarlo es una potestad soberana de los Estados. Nicaragua está en la obligación de dar este asilo y proteger a refugiados y perseguidos políticos y a garantizarles su vida y su seguridad, por ello, conocedores de las prácticas del gobierno de Colombia”, argumentó.

“Nicaragua reitera una vez más la solicitud del presidente Daniel Ortega Saavedra al presidente Álvaro Uribe, de que no organice conjuntamente, con fuerzas especiales de otros países, ninguna misión que ponga en peligro la vida o la seguridad de estas personas, ya que están amparadas en el derecho internacional”, dijo.

Señaló que las jóvenes gozan actualmente de un estatus de refugiadas y están legalmente protegidas en Nicaragua. Estas personas asiladas, víctimas del ataque, son testigos de lo que fue este acto de terrorismo de Estado por parte del gobierno de Colombia y de las atrocidades que allí se cometieron con los prisioneros heridos en territorio ecuatoriano invadido.

“Nicaragua se reserva el derecho de acusar al gobierno de Colombia por crímenes internacionales, por las violaciones sistemáticas al derecho internacional, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, aseveró.

“No podemos aceptar que con el pretexto del combate al narcotráfico, al terrorismo y a cualquier otro tipo de amenaza a la seguridad nacional, se pretenda implantar una nueva forma de intervención y agresión en contra de otros Estados. Esta práctica de terrorismo de Estado la rechazamos enérgicamente”, finalizó.