Aún es necesaria una reforma que obligue a cumplir las resoluciones de la Contraloría.

“Con la reforma a la Ley de Amparo estamos abonando un poco más al fortalecimiento del control de la Constitucionalidad", aseguró el diputado Wálmaro Gutiérrez.

Según el parlamentario este esfuerzo político permite a la Asamblea Nacional continuar trabajando en un clima de paz y armonía. “Es muy positivo y es un esfuerzo que ha estado liderando la bancada del Frente Sandinista y sus aliados”.

Gutiérrez aseguró que antes de esta propuesta existían figuras de carácter jurídico constitucional enmarcado dentro de la Ley de Amparo que tenía muy poco asidero o muy poca reglamentación, el mal llamado Recurso Innominado.

“Ahora con esta iniciativa, lo que se pueda suscitar por efectos de competencia entre poderes del Estado ya va a tener un procedimiento claro y establecido, que no quedará al arbitrio del juzgador ni al arbitrio de las partes que están discutiendo este tema”, aseguró.

Con esta reforma ahora la ley determina cuál es el derrotero para resolver problemas de competencia que tenga el Ejecutivo con el Legislativo, el Legislativo con el Judicial, el Electoral con el Ejecutivo, con los Poderes del Estado, con las instituciones del Poder Público.

En el caso de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que sea parte dentro del conflicto van a tener que retirarse estos magistrados, excusarse de conocer e incorporarse los conjueces para su resolución definitiva.

“Creo que es un paso muy positivo, pero no es suficiente, sólo hemos recorrido la mitad del camino, porque hay otro tema, todavía queda en el tintero, y es el tema de la eficacia del cumplimiento de las resoluciones de la Contraloría General de la República”.

“Miremos de muestra, en la Administración de Enrique Bolaños, cada vez que la Contraloría General de la república, emitía una resolución donde se señalaba presunción de responsabilidad penal o una simple responsabilidad administrativa a un funcionario. El funcionario público se amparaba y sencillamente las resoluciones de la Contraloría no se podían ejecutar y por lo tanto quedaban en papel mojado”, explica Gutiérrez.

“Esa situación persiste hasta el día de hoy, porque se ha mal utilizado el mecanismo de Recurso de Amparo para funcionarios de dudoso proceder en su manejo de caudales públicos del Estado. Utilizan el recurso de amparo como un escudo para evitar la eficacia del cumplimiento de las resoluciones de un ente tan importante como es la Contraloría General de la República”.

Según el diputado sandinista, este tema todavía tiene que ser analizado, discutido y evacuado por esta Asamblea Nacional, en el marco del combate a la corrupción, porque mientras tengamos una legislación que permita a los funcionarios públicos ampararse ante resoluciones como las del ente contralor, sencillamente el combate a la corrupción quedará reducido a nada, “y eso todavía no se ha tocado en esta reforma”.

“Estamos viendo la posibilidad de revisar nuevamente la Ley de Amparo y preparar una segunda reforma que en alguna medida garantice que el recurso de amparo no sirva para escudar funcionarios corruptos”, argumentó.